El martes 9 de septiembre la ofensiva de la oligarquía boliviana alcanzó un nuevo punto culminante. En Santa Cruz, las tropas de choque de las bandas fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) tomaron por la fuerza toda una serie de edificios públicos. Primero asaltaron y saquearon las oficinas del Servicio Nacional de Impuestos, después se dirigieron a las oficinas de la empresa de telecomunicaciones recientemente nacionalizada, ENTEL, que también fue saqueada, como lo fueron las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Para conseguirlo tuvieron que luchar contra la policía y el ejército que seguía órdenes estrictas de no utilizar armas y que fueron superados por los violentos manifestantes.

En Tarija, un grupo de 50 empleados del prefecto regional atacaron las oficinas de la Superintendencia de Hidrocarburos y la asaltaron. Estas acciones se repitieron en Tarija, Beni y Pando, dónde bandas de matones dirigidas por funcionarios de los prefectos regionales y por parlamentarios de la oposición, ocuparon el Instituto de Reforma Agraria (INRA), los peajes de la autopista, las oficinas de aduanas, aeropuertos, etc.

En Santa Cruz, después de asaltar varias oficinas gubernamentales se fueron a aquellos medios de comunicación que no están controlados por la oposición de derechas. Saquearon y destruyeron el equipamiento de las oficinas de Radio Patria Nueva (a las que prendieron fuego) y de la Televisión Boliviana Canal 7. También forzaron a la emisora de radio comunitaria Radio Alternativa a dejar de emitir. Unos días antes, cuatro emisoras de radio de Cobija, en Pando, también fueron obligadas a dejar de emitir.

Aparte de ocupar edificios públicos y medios de comunicación, la ofensiva de la oligarquía también tuvo como objetivo las organizaciones de masas de los trabajadores y campesinos. El jueves 4 de septiembre incendiaron la casa del secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Departamentales (COD) en Santa Cruz, en medio de la noche, mientras en la casa dormían él, su esposa y sus cinco hijos. También fueron saqueadas e incendiadas las oficinas de la ONG por los derechos de los indígenas CIJES en Santa Cruz y las oficinas de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Finalmente, en Santa Cruz, estos grupos de matones armados ocuparon varias plazas públicas y mercados callejeros en zonas de fuerte apoyo al MAS.

Como parte de esta ofensiva también hubo un ataque a un oleoducto de gas en la frontera con Argentina y la ocupación de un campo gasífero en Chuquisaca, que según algunas informaciones amenazaron con cortar las exportaciones de gas a Brasil y Argentina, provocando un serio daño a la economía boliviana.

Estas no fueron una serie de "acciones espontáneas", sino más bien parte de un desafío bien preparado y coordinado contra el poder del gobierno de Evo Morales. Estas acciones se discutieron y decidieron el 4 de septiembre en la reunión de CONALDE (una coalición de gobernadores de la oposición y presuntos comités "cívicos", en la práctica, el alto mando de la oligarquía). El ganadero, terrateniente y jefe del grupo del partido de la oposición PODEMOS en el parlamento, Antonio Franco, aplaudió públicamente la ocupación de los edificios públicos en Santa Cruz.

También estaba implicada la mano peluda de los EEUU. Rompiendo todo protocolo diplomático, el embajador norteamericano Goldberg el 25 de agosto tuvo una reunión a puerta cerrada con uno de los principales dirigentes de la oposición, el prefecto de Santa Cruz Rubén Costas. Una semana más tarde también se reunió con la gobernadora opositora de Chuquisaca, Sabina Cuellar. Según los artículos aparecidos en los medios de comunicación bolivianos, también se reunió con los prefectos de Tarija, Beni y Pando. El rico terrateniente Branko Marinkovic, jefe del Comité Cívico de Santa Cruz y uno de los principales representantes de la oligarquía, también hizo una visita a EEUU la semana pasada. No hace falta ser un científico nuclear para ver que se trata de una repetición de la historia del golpe en Venezuela en abril de 2002 y el golpe contra Allende en Chile hace hoy treinta y cinco años.

Muy correctamente, el miércoles 10 de septiembre, Evo Morales declaró al embajador norteamericano Goldberg personan non-grata y dio órdenes al ministro de asuntos exteriores, Choquehuanca, que le pidiera abandonar el país. Sin embargo, la expulsión del embajador estadounidense por sí misma no detendrá la conspiración golpista.

La postura de Brasil

Según algunos informes, el cierre de una válvula de gas en Tarija el miércoles 10 de septiembre por parte de la oligarquía, provocó un aumento de presión que reventó el gaseoducto. El presidente de la empresa estatal de gas, Ramírez, declaró que como resultado de esta situación, las exportaciones de gas a Brasil se redujeron un 10 por ciento, a 27 millones de toneladas cúbicas diarias. Bolivia suministra a Brasil el 50 por ciento de su gas.

El ministro de exteriores brasileño, Celso Amorim, en una declaración escandalosa, dijo que si el gobierno de Evo Morales no era capaz de garantizar el suministro de gas a Brasil, entonces estaría dispuesto a entrar en negociaciones directas con los prefectos regionales opositores.

Esto significaría que Brasil reconoce de facto la independencia de estas regiones orientales y dejaría de reconocer al gobierno boliviano. El presunto gobierno de "izquierdas" de Lula, una vez más, está realizando el sucio papel de agente del imperialismo norteamericano.

La respuesta del gobierno

Evo Morales y otros ministros de su gobierno, muy correctamente, describieron estos movimientos como un golpe. Desgraciadamente, han respondiendo haciendo un llamamiento a la legalidad burguesa. El ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, declaró que el "fiscal debe emprender acciones contra los responsables y llevarlos ante un tribunal". El pequeño problema es que el fiscal del estado en Santa Cruz responde a los intereses de la oligarquía.

Según noticias que hemos recibido de Santa Cruz que el gobierno ha pedido a las organizaciones de masas que detengan sus planes de bloquear las carreteras en Santa Cruz contra la oligarquía, y los dirigentes locales del MAS no están dando ninguna dirección al movimiento. El ambiente entre los seguidores del MAS es de furia. Incluso sectores importantes de la clase media de Santa Cruz se quejan en llamadas telefónicas a la radio por la falta de acción del gobierno frente a estos actos violentos e ilegales.

Esta es una situación muy peligrosa. La ofensiva de la oligarquía no se puede combatir dentro de los límites de las instituciones democráticas burguesas, que la oligarquía ya ha demostrado que no tiene intención de respetarlas. Saben que son una minoría, como demostró claramente el referéndum revocatorio del 10 de agosto. Evo Morales ganó con más del 67 por ciento de los votos venciendo en 95 de las 112 provincias del país. Por eso han recurrido a métodos violentos e ilegales, utilizando todo su poder económico y político (en las gobernaciones regionales) para socavar y finalmente derrocar al gobierno de Evo Morales.

La oposición en Bolivia representa los intereses de los grandes grupos empresariales, el sector bancario y los grupos agro-capitalistas en alianza con las multinacionales extranjeras y el imperialismo norteamericano. Temen perder importantes parcelas de su poder económico y político. Creen que ya han perdido el control del gobierno central y son conscientes de que la aprobación de la nueva constitución (para lo que ha convocado el gobierno un referéndum el próximo 7 de diciembre) podría ser el principio de una reforma agraria que afectaría seriamente a sus propiedades. Desde su punto de vista lo que está en juego es muy importante y no han dudado en utilizar todos los medios a su disposición, legales e ilegales.

El problema es que los dirigentes del MAS y el gobierno quieren utilizar sólo métodos estrictamente legales e institucionales. La lucha de clases no es como un juego de ajedrez, donde los oponentes se atenien a las reglas del juego. Se parece más a un combate de boxeo donde tu contrincante está utilizando todo tipo de trucos sucios y también controla al árbitro. Si el gobierno del MAS quiere continuar jugando al ajedrez, mientras la oligarquía está luchando un combate de boxeo, está claro quién va a ganar.

Es el momento de contraatacar

Como dijimos en un artículo anterior:

"Es el momento de tomar medidas decisivas contra la oligarquía. Si ellos sabotean la distribución de alimentos en contra la voluntad democrática de la población, entonces su tierra, ranchos, plantas procesadoras de alimentos y empresas de transporte deberían ser ocupadas por los campesinos y trabajadores y deben ser expropiadas por el gobierno. Si ellos ocupan los campos de gas y petróleo, como han amenazado, entonces los trabajadores y campesinos deben recuperarlos  (como en Venezuela) y ponerlos bajo el control de los trabajadores. Si bloquean las carreteras, los trabajadores y campesinos deben organizarse parar reabrirlas". (Bolivia: una nueva ofensiva de la oligarquía, las masas responden en las calles. 23/8/08.)

Frente a la pasividad de los representantes del gobierno, las organizaciones de masas deben tomar la iniciativa. La reunión de la Coordinadora Nacional de Organizaciones por el Cambio (Conalcam) celebrada la semana pasada en Santa Cruz, decidió realizar bloqueos de carreteras en Santa Cruz y una marcha nacional al parlamento. Estos planes deben adelantarse y ponerse en práctica de inmediato.

En Santa Cruz, el Movimiento Marcelo Quiroga Santa Cruz, ha hecho un llamamiento a la Central Obrera Departamental (COD), a las organizaciones campesinas y vecinales, para celebrar un cabildo abierto en el Plan 3.000 y comenzar a organizar la respuesta de las masas contra las bandas fascistas. En Potosí, los compañeros de la Corriente Marxista Internacional - El Militante, están intentando organizar una reunión de urgencia de la COD con la presencia de todas las organizaciones de masas para coordinar una respuesta efectiva.

La oligarquía es una minoría, pero está bien armada, financiada y está a la ofensiva. El gobierno, por otro lado, se le ve actuando de una manera débil, sin responder a estos ataques. Este hecho puede tener un efecto desmoralizador sobre las masas de trabajadores y campesinos que apoyan al MAS y al gobierno. La única manera de contrarrestar el golpe oligárquico que vemos ante nuestros ojos es a través de la movilización de masas de la población en las calles.

La Confederación Obrera Boliviana (COB) y las organizaciones campesinas e indígenas deberían organizar cabildos abiertos en todas las ciudades y áreas rurales para discutir el golpe que se está desarrollando. En estas reuniones se deberían organizar asambleas populares y comités de autodefensa para defender a las organizaciones obreras y campesinas, para limpiar las calles de bandas fascistas. Deberían exigir la aprobación inmediata de un decreto de expropiación de las propiedades y riquezas de todos aquellos que colaboran, participan y financian el golpe de la oligarquía. La implantación de este decreto no debería dejarse en manos de los fiscales, jueces y oficiales de policía, en la mayoría de los cuales no se puede confiar, sino que debería ser llevado a cabo directamente por las organizaciones obreras y campesinas bajo la autoridad de las asambleas populares de masas.

Las masas de trabajadores y campesinos en Bolivia han demostrado su coraje y determinación revolucionaria durante estos últimos años y a través de la historia. Pueden en cuestión de días barrer a un lado a la clase dominante, si están armados con un programa claro y organizados con un plan de lucha preciso. En  Abril de 1952, los mineros solos aplastaron al ejército burgués y tomaron el poder. Esa hazaña se puede repetir. La amenaza es muy seria. No es el momento de las vacilaciones, es el momento de contraatacar y destruir el poder económico y político de la oligarquía.