Horas dramáticas en Bolivia: como decíamos hace tiempo llegó el momento de la rendición de cuenta entre los opuestos intereses sociales, y llegó en el momento más desfavorable y de la manera peor no solo para el gobierno, sino para todo los explotados del país. Frente al interminable impasse en el cual morían la Asamblea Constituyente y las pequeñas reformas sociales promovidas por el ejecutivo, el MAS intentó forzar la mano, sin una verdadera comprensión del cambio en las correlaciones de fuerza entre las clases sociales. Un cambio que profundice el proceso revolucionario y abandone cualquiera ilusión en el capitalismo, andino o como sea, es ahora indispensable para revertir la situación: las esperanzas de que este cambio se dé residen ahora en gran parte en el movimiento obrero, minero y campesino y sus organizaciones.

El 5 de Noviembre el mismo Evo Morales marchó en Santa Cruz en defensa de la Renta Dignidad, un bono para los mayores de 60 años que se tendría que pagar con el IDH, los impuestos procedentes del gas. Solo que - como avisamos - estos ingresos pagados por las transnacionales del sector, aunque aumentados después de la nacionalización, resultan insuficientes para todo, y también mal repartido entre las administraciones departamentales, en su mayoría en mano a la derecha, que ha obstaculizado el proyecto.

La Asamblea Constituyente a solo tres semanas de la fecha establecida para acabar su trabajo, el 14 de Diciembre, seguía empantanada en el debate sobre la capitalidad, y prisionera de acuerdos político que frustraban las expectativas populares.

El 20 de Noviembre una marcha multitudinaria en El Alto, organizada y encabezada por la Central Obrera Regional y la Federación de Juntas Vecinales, cerca el Senado, expresando toda la ya incontenible rabia y frustración por parte de los que protagonizaron las jornadas del Octubre 2003 y del Mayo-Junio 2005. Faltaban pero la COB, las organizaciones campesinas y mineras, el magisterio y las demás organizaciones sociales que también fueron y son vanguardia de la insurgencia popular. Esto exactamente por efecto de la situación del país, económica y política, y por los errores y las ilusiones del gobierno en el capitalismo, la concertación y los organismos internacionales, que en todos nuestros artículos anteriores hemos analizado, y que, como también afirmamos, han producido un clima generalizado de pasividad y en algún caso decepción entre los asalariados, especie del área urbana.

De El Alto salen flotas hacia Sucre para vigilar la Constituyente. Los campesinos de Chuquisaca y Potosí amenazan con cercar Sucre, la sede de la Asamblea cuyo pedido de capitalidad plena había monopolizado la escena política, por la incapacidad del oficialismo de focalizar el debate sobre las grandes cuestiones sociales: tierra, trabajo, justicia, seguridad e inclusión social.

El MAS decide instalar una sesión de la Asamblea en un cuartel militar a unos kilómetros del centro de la ciudad. La resistencia en Sucre es impresionante: la ciudad vive la prueba de fuerza como una provocación directa y sale a las calles con los universitarios a la cabeza. Los oligarcas no esperaban que esto. En dos días de violentos enfrentamientos se registran varios heridos, unos graves, y dos muertos, asesinados por golpe de bala de calibro diferente a lo que son en dotación de la policía: si esta información oficial será confirmada de las futuras investigaciones resultará claro que, como en Venezuela, una derecha ya armada va creando sus propios mártires. La policía decide unilateralmente replegarse, retirarse y abandonar totalmente la ciudad, ahora en plena anarquía: casi un motín policial. El comandante general de la policía, interviniendo a Radio Panamericana, acusa entre otros el gobierno y los dirigentes cívicos de Sucre por haber hecho de los uniformados "que son hijos del pueblo, víctimas sin culpa de la violencia ciega".

En este caos los constituyentes del MAS y algunos de sus aliados aprueban el índice de la nueva Constitución, que es inmediatamente rechazada por la oposición, por vicios jurídicos y reglamentarios. En Cochabamba miles de ciudadanos acuden al cabildo convocado por el prefecto de derecha Manfred Reyes Villa, que pide la renuncia de Evo. En Santa Cruz jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista asaltan sedes del gobierno central y casi linchan un policía. El prefecto de derecha Rubén Costa llama los jóvenes de Santa Cruz y la población a armarse para "defender la democracia". El Comité Cívico pro Santa Cruz llama para el lunes a una marcha contra el gobierno que se anuncia masiva.

Un irreconocible Evo Morales, inseguro y transfigurado, aparece a la televisión en la tarde del domingo solo para declarar que "los responsables serán perseguidos", asegurando de no haber dado ninguna orden de disparar, sin ni siquiera aludir al tema de la Constitución.

Esto es el resultado de dos años de errores y vacilaciones hacia las transnacionales, el imperialismo, la oligarquía y una derecha que parecía callada y barrida con las elecciones del 2005. Esto es el efecto de haber abandonado las Tesis de Pulacayo, la enseñanza y el análisis de Marcelo Quiroga Santa Cruz y los demás grandes revolucionarios de la historia del país. No todo es perdido, aunque nunca como hoy la situación se ha hecho difícil.

Los compañeros de la  Corriente Marxista Internacional en Bolivia somos todavía un pequeño grupo que recién se va conformado, y hace tiempo va avisando del peligro inminente. Decidimos con nuestras fuerzas sacar la declaración pública que vamos a repartir en forma de volante, y discutir en los medios que nos darán espacio. Es un llamamiento dirigido a los compañeros del MAS, de la COB, de la FSTMB, de la CSUTCB a unir los esfuerzos para defender y profundizar la revolución en nuestro país. Solo esto ahora puede unir nuevamente el país, devolver el carácter de clase al proceso revolucionario, y finalmente salvar todo nosotros de días peores.

Volante de los camaradas de El Militante Bolivia - Corriente Marxista Intarnacional 

La multitudinaria marcha hacia el Senado encabezada por los trabajadores de El Alto el 20 de noviembre pasado marca una nueva etapa en el histórico proceso revolucionario y de insurgencia popular de Bolivia: las expectativas de cambio asfixiadas y decepcionadas en el papeleo y la maraña parlamentaria y tiroteadas por un conflicto institucional sin salida vuelven a ser bandera de la participación y movilización de las masas.

La misma batalla de Sucre de estos últimos días y el clima de guerra civil que se vive en el país son de hecho y en primera instancia consecuencia y culpa directa del continuo saboteo económico y político de la oligarquía y del imperialismo. En dos años han obstaculizado cualquiera forma de cambio y reforma social, por tibia que sea; han tramado con sus planes secesionista de abierta eversión a la integridad del Estado y a la democracia que ahora hipócritamente declaran defender; con sus métodos desenmascaradamente fascistas han amenazado y pisoteado cualquier derecho civil, especie en el Oriente; han alzado la voz para defender la transferencia del IDH a sus prefecturas, el propio IDH producto de la sangre derramada por los trabajadores en el Octubre negro, ¡los mismos que estos oligarcas vende patria sin vergüenza tildaban en ese entonces de chavistas y autoritarios!

La marcha de El Alto y en general la coyuntura actual del país es la prueba irrefutable del fracaso de la política de conciliación y concertación con la derecha, la oligarquía y las transnacionales. Como vamos sosteniendo hace dos años este gobierno es un producto de la insurgencia popular: su único recurso y fuerza es la constante movilización social, la única "bifurcación" frente a él es la de basarse en la movilización de las masas o caer en la trampa de la oligarquía y del imperialismo. De consecuencia para nosotros los trabajadores y campesinos la única forma de lograr el cambio que necesitamos es la lucha, la participación, la huelga, como en el 2003 y en el 2005.

Por dos años a lo contrario nuestras vidas y futuro han sido rehenes de las ideas y de la política del sector del gobierno encabezado por el Vicepresidente Álvaro García Linera cuyo papel ha sido exactamente el de hacer concesiones, conciliar, pactar con la burguesía nacional y el imperialismo, de hecho fortaleciéndoles y frustrando las movilizaciones populares: recordamos la vigencia de la Ley Tarija en materia de hidrocarburos, las trampas en la Ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyente, que le ha empantanado un debate reglamentario sin fin, y la tensión con el primero Ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada, empujado a la renuncia en plena lucha con las transnacionales, y los acontecimientos del pasado enero en Cochabamba. En este sentido las responsabilidades del gobierno por los enfrentamientos de hoy tienen nombre y apellidos, el de Álvaro García Linera.

¿Dónde nos ha llevado la ilusión de poder pactar los cambios estructurales que queremos con la burguesía nacional y el imperialismo?

• a una reforma agraria que sin afectar el así dicho "latifundio productivo" mantiene una agricultura caracterizada (según un estudio de la CEPAL) por la "la baja capacidad de tecnificación agraria" y la "subexplotación de las tierras", o sea por una cultura extensiva, fundamentalmente sesgada hacia la exportación, que no necesita ni quiere inversiones productivas y ¡es incapaz de colocar la oferta alimenticia de Bolivia - según datos oficiales de la FAO - mas allá de la de la África desértica! Y sobre todo mantiene intacta la estructura del capital boliviano, fundamentalmente latifundista y financiero, con los más grandes terratenientes - dueños del 91% de la tierra cultivable - que son entre los principales accionistas de todos los bancos del país, junto al gran capital europeo y norteamericano, los mismos bancos que ahogan en la deuda y la hipoteca los pequeños campesinos, los minifundistas y los asalariados;
• a tener necesidad de importar alimentos, ¡hasta las papas!, con graves efectos sobre los precios;
• a la escasez de diesel y la total falta de inversión productiva en el sector de los hidrocarburos, porque, como declarado al semanario Pulso por el representante de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos "no hay reglas claras", o sea no hay por parte de ellos interés a la inversión, tanto que el país podría no cumplir el compromiso con Argentina sobre los volúmenes de gas exportado para el 2011;
• a entregar nuevamente nuestra riqueza de minerales a las transnacionales del sector y las roscas locales a través de la concesión directa, de los contratos de riesgo compartido, de la compra venta de minerales del préstamo otorgado a pequeños concesionarios, mientras que los mineros asalariados luchan a muerte en defensa de su fuente de trabajo y los que trabajan para las cooperativas se debaten en la ausencia de previdencia y derechos sociales, el trabajo infantil y la muerte que tocó ya a 22 tan solo en este año, tan solo en el Cerro Rico de Potosí;
• a caer nuevamente en la trampa de la deuda - interna y exterior - para hacer frente al mismo tiempo a los gastos corrientes y a las reformas sociales. La misma condonación de la deuda nos obliga a recurrir a préstamos más gravosos en términos de tipos de intereses y de servicio a la deuda, como lo que "nos brinda" por ejemplo la Cooperación Andina de Fomento, que tiene como su accionista el Banco Bisa, que tiene como su accionista la Compañía Minera del Sur, que tiene como su accionista Goni;
• a creer que garantizando seguridad jurídica se estimulaba la inversión productiva y se industrializaba el país, cuando la única inversión productiva
• programada y ejecutada procede por el Estado, o por transnacionales interesadas a nuestras materias primas que llevarán aquí su tecnología y sus reglas: gran mecanización del trabajo, poca mano de obra súper explotada para maximizar los beneficios. ¿Cómo podría ser diferente? El capital nacional está interesado a la ATPDEA, las preferencias arancelarias de EEUU, a mantener sus "tierras gordas" y sus privilegios sociales y estrangular con sus tipos de intereses los prestamistas. El capital internacional nos ve dentro la óptica de la división internacional del trabajo en el mundo capitalista como país exportador de materias primas sin valor agregado, o sea como una silla de oro con un pueblo molesto sentado por encima;
• a no poder sacar, una vez más, ningún beneficio verdadero de nuestros recursos naturales: el aumento de las exportaciones de materias primas favorece la sobrevaluación de la moneda nacional que a su vez favorece la importación de manifacturas dejando el país sin ninguna posibilidad ni interés privado a la industrialización. Una ventaja para una menoría en desmedro de los demás.

El efecto principal de todo esto es la mezcla de camisetas en la cancha a la hora de la batalla decisiva: se ha permitido dividir el país entre departamentos y no entre clases sociales, entre campesinos y ciudadanos y no entre explotadores y explotados.

El gobierno, las organizaciones sindicales, obreras, mineras, campesinas y populares tienen ahora la tarea histórica de reconstruir la unidad del país y el carácter de clase del proceso revolucionario, que pertenece en primera persona a los trabajadores y campesinos de Bolivia, y por ellos tiene que ser defendido.

Contra la arremetida, el saboteo económico y político de la derecha el gobierno debe pasar a una contra ofensiva a todo campo apoyándose en la movilización de las masas: en primer lugar no volviendo a la concertación; derogando todos las leyes origen de la década de neoliberalismo desenfrenado que nos redujo a la miseria, como el DS 21060 o el 2028, que en estos mismos días llama a la huelga los empleados públicos en nombre de iguales derechos sindicales; interviniendo de manera estructural en el tema de las jubilaciones, todavía en mano del gran capital financiero internacional, como el de la española BBVA, y atados a la extrema volatilidad de la bolsa valores; nacionalizando los bancos, las empresas y las haciendas que están en la primera fila de la guerra económica de la derecha; centralizando los recursos económicos para promover planes de obras públicas que generen trabajo estable y desarrollo infra estructural, y no, como ahora, trabajo precarizado, con bajos salarios y altos costos para el Estado, en ventaja de contratista y proveedores de material de construcción, como aquel Samuel Doria Medina que entre sus actividades, incluida la de dirigente nacional de UN el partido del sector de la burguesía que llama con insistencia a la concertación, es también mayor empresario nacional del cemento.

Por otra parte llamamos la COB, las organizaciones fabriles, la vanguardia minera, las organizaciones sociales y los mismos activistas del MAS a no quedarse con los brazos cruzados:

• conformar brigadas de autodefensa frente a la inminente posibilidad de un actuar contrarrevolucionario;
• convocar y preparar una huelga general nacional con marchas en todo el país para defender, reorientar y profundizar el rumbo del proceso revolucionario.

Un paro que sea:

• contra la oligarquía, la derecha, el imperialismo y su saboteo, en defensa del proceso revolucionario;
• por la derogatoria de todo los decretos fuentes de la política neoliberal y de desigualdad entre los trabajadores;
• por una nueva seguridad social fundada en una ley de jubilación solidaria y en el seguro sanitario universal;
• por la nacionalización total de nuestros recursos naturales bajo el control de los trabajadores mismos;
• por la nacionalización de las grandes empresas de alimentos, de los latifundios y de los bancos, comenzando por aquellas que están protagonizando el saboteo y la guerra económica;
• por la devolución al pueblo del proceso constituyente a través de las Asambleas Populares y Originarias.

Socialismo o barbarie: ¡ahora es cuando!

Que viva la revolución boliviana

Que mueran la oligarquía y el imperialismo

El Militante - Bolivia

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